La AMLA quiere reforzar la cooperación tecnológica contra los delitos financieros
La Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA) está recabando la experiencia de proveedores tecnológicos para avanzar en la elaboración de directrices destinadas a facilitar el intercambio de información entre organizaciones públicas y privadas en la Unión Europea.
La iniciativa busca conocer los desafíos prácticos que afrontan las empresas al establecer sistemas y acuerdos para compartir información de forma segura. Las aportaciones del sector tecnológico pueden ayudar a identificar obstáculos relacionados con la infraestructura digital, la gestión de datos y la aplicación de las normas de cumplimiento.
El trabajo se desarrolla en colaboración con el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB), con el objetivo de establecer criterios que permitan mejorar la detección de actividades financieras sospechosas sin debilitar las garantías de privacidad.
¿Por qué es importante compartir información financiera?
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo suelen implicar operaciones complejas que pueden atravesar distintas entidades, sectores y países. Por ello, la capacidad de identificar conexiones entre transacciones y actividades sospechosas resulta fundamental para las autoridades y las instituciones financieras.
El intercambio responsable de información puede facilitar la detección de patrones que una organización, por sí sola, tendría dificultades para identificar. También puede mejorar la coordinación entre empresas sujetas a obligaciones contra el blanqueo de capitales y las autoridades competentes.
Sin embargo, compartir información no significa que todas las organizaciones puedan acceder libremente a los datos de clientes. Los mecanismos deben respetar las bases jurídicas aplicables, limitar el uso de los datos a los fines autorizados y garantizar medidas adecuadas de seguridad.
El papel de las empresas tecnológicas en las nuevas directrices
Los proveedores tecnológicos desempeñan un papel importante en la creación de herramientas para gestionar, analizar y proteger información financiera. Sus conocimientos pueden ayudar a las autoridades europeas a comprender cómo funcionan los acuerdos de intercambio de datos en entornos reales.
Entre los aspectos que pueden resultar relevantes para el desarrollo de las directrices se encuentran la interoperabilidad de los sistemas, la seguridad de las comunicaciones, la trazabilidad de los accesos y la aplicación de controles para impedir usos indebidos de la información.
También será importante determinar cómo pueden colaborar diferentes organizaciones cuando utilizan plataformas tecnológicas distintas o están sujetas a requisitos regulatorios específicos.
La participación del sector privado pretende aportar una perspectiva práctica al proceso regulatorio, de manera que las futuras recomendaciones puedan aplicarse de forma efectiva y coherente en los países miembros de la Unión Europea.
Protección de datos: una prioridad en la lucha contra el fraude
Uno de los principales desafíos de esta iniciativa consiste en equilibrar dos objetivos: facilitar la prevención de los delitos financieros y proteger los derechos fundamentales de las personas.
El tratamiento de información financiera puede implicar datos personales sensibles desde el punto de vista de la privacidad. Por eso, las empresas deben considerar cuestiones como la finalidad del tratamiento, la limitación del acceso, la conservación de los registros y la protección frente a divulgaciones no autorizadas.
La cooperación entre AMLA y el EDPB busca ofrecer mayor claridad sobre cómo organizar estas colaboraciones dentro del marco jurídico europeo. La intención es que el intercambio de información contribuya a combatir los delitos financieros sin crear mecanismos de vigilancia indiscriminada ni reducir las garantías de protección de datos.
El artículo 75 del Reglamento europeo contra el blanqueo de capitales
La iniciativa está vinculada al artículo 75 del Reglamento europeo contra el blanqueo de capitales, que establece un marco para determinadas modalidades de intercambio de información entre entidades y profesionales sujetos a las normas correspondientes.
Según el Comité Europeo de Protección de Datos, la nueva posibilidad contemplada por esta disposición comenzará a aplicarse el 10 de julio de 2027. Las directrices conjuntas de AMLA y EDPB pretenden aclarar cómo pueden organizarse estas colaboraciones y qué salvaguardas deben respetarse.
Las autoridades europeas también han anunciado actividades de consulta con las partes interesadas. Está prevista una consulta pública sobre el borrador de las directrices durante el primer semestre de 2027, lo que permitirá a los actores afectados presentar observaciones antes de la finalización del trabajo.
Próximos pasos para el sector financiero europeo
La participación de proveedores tecnológicos y otros representantes del sector será importante para identificar las dificultades que podrían surgir durante la implementación de los nuevos mecanismos.
Para bancos, empresas financieras, profesionales sujetos a obligaciones de prevención del blanqueo y proveedores de soluciones de cumplimiento, las futuras directrices podrían aportar mayor seguridad jurídica y criterios más claros para diseñar procesos de intercambio de información.
Las organizaciones deberán seguir de cerca las publicaciones oficiales de AMLA y EDPB para conocer los detalles de las consultas, el alcance definitivo de las recomendaciones y las medidas que puedan resultar necesarias para adaptar sus procedimientos internos.
