El oficialismo consiguió evitar una sesión especial en la Cámara de Diputados que buscaba rechazar el DNU 70/23, una de las principales herramientas de desregulación económica del Gobierno. La oposición reunió 121 legisladores, ocho menos de los necesarios para abrir el debate.
La oposición argentina sufrió un revés parlamentario el jueves 15 de octubre al no conseguir el quórum necesario para iniciar una sesión especial en la Cámara de Diputados. El objetivo principal era debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei para implementar un amplio programa de reformas económicas.
Al cumplirse el plazo establecido para comenzar la sesión, solo 121 diputados habían ocupado sus bancas, mientras que el reglamento exige la presencia de 129 legisladores. La ausencia de representantes de distintos bloques provinciales resultó determinante para que la convocatoria fracasara.
El resultado fue celebrado por el Gobierno, que considera el decreto una pieza fundamental de su estrategia económica y de su agenda de desregulación.
El DNU 70/23, en el centro de la disputa política
El decreto, firmado en diciembre de 2023, introdujo cambios en distintas áreas de la economía argentina. Entre sus medidas se encuentran modificaciones en las reglas de alquileres, la desregulación de sectores económicos y la eliminación de determinados controles de precios.
Para el oficialismo, mantener vigente la norma es importante para continuar con su programa de reformas. En cambio, sectores de la oposición cuestionan el alcance de las medidas y buscan que el Congreso intervenga para revertirlas.
La falta de quórum impidió que los diputados comenzaran a debatir el rechazo del decreto. Por lo tanto, la sesión fallida no constituyó una votación sobre el contenido de la norma, sino un obstáculo parlamentario para tratarla.
Las ausencias de los bloques provinciales fueron decisivas
La convocatoria no consiguió el respaldo suficiente debido a la ausencia de legisladores de distintas fuerzas provinciales y sectores de centro.
Entre los espacios que no aportaron la presencia necesaria se encontraban representantes de Provincias Unidas, el bloque Independencia de Tucumán y legisladores vinculados con Misiones. Algunos diputados llegaron al recinto después de que el presidente de la Cámara, Martín Menem, declarara caída la sesión.
El papel de los gobernadores también fue relevante en las negociaciones previas. Según las crónicas parlamentarias, el oficialismo contó con apoyos provinciales que contribuyeron a impedir que la oposición alcanzara el número necesario para abrir el debate.
Discapacidad y endeudamiento familiar también estaban en la agenda
La sesión prevista no se limitaba al futuro del DNU 70/23. Los legisladores también tenían previsto tratar iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad y medidas para aliviar las dificultades económicas de los hogares endeudados.
La caída de la convocatoria impidió avanzar con esos temas durante la jornada. Desde la oposición, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó tanto al Gobierno como a los diputados que no asistieron.
Por su parte, el diputado radical Pablo Juliano criticó la estrategia oficialista y las ausencias que dejaron a la oposición sin los votos necesarios para comenzar la sesión.
El Gobierno gana margen para continuar con su agenda
El fracaso parlamentario representa un alivio político para la administración de Milei, que busca sostener las reformas económicas incluidas en el decreto mientras negocia con gobernadores y bloques legislativos.
La discusión también se relaciona con la Ley de Tierras, que limita la propiedad extranjera de terrenos rurales. El Gobierno dio marcha atrás con su intento de eliminar esas restricciones, en una decisión que fue interpretada como parte de una estrategia para reducir la resistencia política al DNU en su conjunto.
Con el debate frustrado, el oficialismo conserva margen para continuar defendiendo su programa económico en el Congreso. Sin embargo, las diferencias entre el Gobierno y la oposición siguen abiertas y podrían volver a manifestarse en futuras sesiones.
La disputa por el DNU 70/23 continúa siendo uno de los principales focos de tensión política en Argentina, con consecuencias potenciales para la regulación económica y las negociaciones entre el Ejecutivo, los bloques legislativos y las provincias.
