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Escándalo de £ 190 millones: Shehzad Akbar emerge como la figura central en uno de los casos de corrupción más grandes de Pakistán

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Tariq Khan Tareen
El escándalo de corrupción de £ 190 millones se ha desentrañado con revelaciones condenatorias que implican al ex presidente de la Unidad de Recuperación de Activos (ARU) y al ex asesoramiento del Primer Ministro sobre la responsabilidad, Mirza Shehzad Akbar, como el principal arquitecto de un esquema altamente organizado e ilegal. Las fuentes confirman que Akbar orquestó una operación clandestina que infligió graves pérdidas financieras al estado paquistaní al tiempo que socavaba gravemente los intereses nacionales. Este escándalo, que ha traído un descuento internacional al país, ilustra claramente cómo las personas confiaron de poder pueden manipular su autoridad para servir agendas privadas e intereses creados. Las investigaciones revelan que el 6 de noviembre de 2019, Shehzad Akbar firmó una escritura de confidencialidad, marcando el comienzo de esta conspiración ilícita. En particular, esta Ley se llevó a cabo sin el conocimiento o la aprobación del gabinete federal o cualquier institución constitucional, evidencia clara de que era parte de una maniobra premeditada y encubierta. Además, ha surgido que los £ 190 millones, originalmente congelados por la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) durante las investigaciones contra Ali Riaz Malik y su esposa Mubashara Malik, fue devuelto a Pakistán bajo la apariencia de transparencia. Sin embargo, en lugar de ser depositados en el Tesoro Nacional, los fondos se redirigieron a una cuenta designada de la ciudad de Bahria, un desarrollador de bienes raíces privados. Esta cuenta fue deliberadamente tergiversada como una cuenta del “estado de Pakistán”. Según las fuentes, el coacusado Zia Mustafa Naseem también firmó el mismo hecho confidencial y facilitó toda la transacción. El registro de esta cuenta especial bajo el nombre del Registrador de la Corte Suprema, mientras la identifica falsamente como una cuenta bancaria estatal, es evidencia adicional de mala conducta financiera bruta. En 2019, Shehzad Akbar realizó dos viajes al Reino Unido, del 4 al 8 de febrero y nuevamente del 22 al 26 de mayo, lo que ocupó reuniones secretas con el Secretario del Interior británico y altos funcionarios de la NCA. Estas reuniones establecieron el trabajo basado en un acuerdo encubierto que permitió la repatriación de fondos a Pakistán, sin pasar por alto las instituciones clave como la Agencia Federal de Investigación (FIA), la Junta Federal de Ingresos (FBR) y el Banco Estatal de Pakistán (SBP). La exclusión deliberada de estos organismos estatales se diseñó para evitar el escrutinio y garantizar que solo un grupo selecto se beneficiara de la transacción, a expensas de la transparencia nacional y el interés público. Lo que hace que la situación sea aún más preocupante es que cuando el asunto se presentó ante el gabinete el 3 de diciembre de 2019, Shehzad Akbar no reveló que el acuerdo secreto ya se había firmado semanas antes el 6 de noviembre. Esta omisión no fue una supervisión: era un acto deliberado de engaño. Los registros ahora confirman que todos los procedimientos críticos relacionados con la transferencia de fondos se completaron mucho antes de la aprobación formal del gabinete, revelando un mal uso del poder ejecutivo y la manipulación de la maquinaria estatal. Los activos congelados en el Reino Unido, incluidas las propiedades de lujo como 1 Hyde Park Place, fueron incautados en virtud de la Ley de Actas del Crimen del Reino Unido después de las investigaciones sobre la supuesta riqueza ilícita. El rendimiento de estos fondos presentó una oportunidad rara para que Pakistán inyectara una cantidad significativa en el tesoro nacional, recursos que podrían haberse asignado a proyectos de bienestar público en salud, educación y agua limpia. Lamentablemente, esta oportunidad se desperdició a través de acuerdos de puerta trasera y el uso no autorizado del poder ejecutivo, lo que lleva no solo a la pérdida financiera sino también a una severa erosión de la confianza internacional. Los registros judiciales y las cuentas internos confirman que la Unidad de Recuperación de Activos ya había firmado un acuerdo preliminar con Bahria Town los días 13 y 21 de marzo de 2019, luego de múltiples contactos con las autoridades del Reino Unido y representantes legales en Londres. Aunque los detalles completos de estos arreglos siguen siendo opacos, los documentos disponibles claramente apuntan al papel de Shehzad Akbar en la disposición del esquema, con fuertes indicaciones de respaldo político y extralimitación legal. Las declaraciones del ex primer ministro Imran Khan y su secretario principal Azam Khan confirman además que las reuniones encubiertas con la NCA con respecto a este acuerdo habían tenido lugar a principios de marzo de 2019. Todo el episodio subrayan cómo Shehzad Akbar no solo excedió los límites legales del ARU, sino que también coludió con el primer ministro de las instituciones estatales, comprometió la transparencia juzgial, y mislade y también coludió con el primer ministro. Sus acciones socavaron directamente las instituciones públicas, el poder judicial y la integridad de los mecanismos de responsabilidad del país. Ocultar deliberadamente la existencia de un acuerdo confidencial del gabinete equivale a traición intencional y abuso de cargo. Las fuentes ahora confirman que la Oficina Nacional de Responsabilidad (NAB) y otras agencias relevantes están persiguiendo activamente el caso, y ya se ha descubierto evidencia crucial. Shehzad Akbar ha sido declarado delincuente proclamado, y se están llevando a cabo procedimientos para solicitar órdenes rojos interpol para su extradición. Las instituciones judiciales e investigadoras de Pakistán están bajo una presión creciente para llevar a esas personas ante la justicia, enviando un mensaje claro que el abuso de cargos públicos para ganancia personal no será tolerado. La magnitud de este escándalo es asombrosa: £ 190 millones, equivalente a Rs. 50 mil millones: se desvió del Tesoro Nacional a un esquema de vivienda privada. Si esta cantidad se hubiera colocado en las arcas estatales, podría haber financiado innumerables proyectos de desarrollo, beneficiando a millones. En cambio, los fondos se perdieron en una red bien orquestada de corrupción, engaño y patrocinio político, dejando que la nación asumiera el costo. Este escándalo ahora se erige como un capítulo oscuro en la historia de Pakistán, una acusación evidente del sistema de responsabilidad del país y una historia de advertencia sobre los peligros del poder ejecutivo sin control. Cuando las personas como Shehzad Akbar, confiaron la confianza del público y ocupan puestos de alto nivel, participan en acuerdos clandestinos y explotan las lagunas legales, no solo cometen corrupción, corroen la base de la gobernanza democrática. Ahora es el deber solemne del estado y sus instituciones dar un ejemplo: aquellos que traicionan la confianza pública deben ser responsables, sin miedo ni favor. Solo a través de la acción firme y transparente puede esperar que Pakistán pueda restaurar la credibilidad institucional y evitar que tales violaciones se recurran. Este caso no implica a Shehzad Akbar solo. La creciente evidencia apunta hacia la complicidad del ex primer ministro Imran Khan, quien no solo sancionó estas acciones ilícitas, sino que permaneció cómplice por silencio y obstrucción. Los testimonios de su secretario principal, las manipulaciones del gabinete y la incapacidad de garantizar la supervisión estatal revelan una traición sistémica de la gente de Pakistán. Peor aún, todo el liderazgo de PTI, que hoy predica la responsabilidad y la transparencia de las plataformas políticas y las capitales extranjeras, facilitó activamente este delito financiero masivo. Mientras hacen campaña en el extranjero bajo la apariencia de “justicia” y “democracia”, continúan trabajando contra la imagen, la estabilidad económica y la integridad institucional de Pakistán. Esto no es mera negligencia, es una traición. Y ha llegado el momento de que la gente de Pakistán exija responsabilidad no solo de individuos, sino de fuerzas políticas enteras que han saqueado sistemáticamente al estado mientras se disfrazan de sus salvadores.

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