En una carta fechada el 5 de septiembre, el departamento dijo que si bien se habían ubicado 16 documentos relevantes relacionados con el cambio de política discutido, 15 fueron retenidos a medida que se crearon “con el propósito dominante de proporcionar asesoramiento legal” y cumplieron con los criterios de privilegio “en el contexto de un litigio real o anticipado”.
