Los líderes agrícolas y los expertos financieros han advertido que la legislación, que Labor no ha logrado progresar en el Parlamento, obligaría a los miembros de alto rango de las empresas familiares a vender activos de jubilación para pagar facturas de impuestos anuales en las ganancias de capital no realizadas, lo que lleva la transferencia de empresas a la próxima generación en riesgo.
