La ciudad de Corrientes fue escena de una marcha masiva contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de discapacidad.
El martes por la noche, una multitud de familias, profesionales y miembros de centros terapéuticos se congregó en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa del Gobierno, para expresar su rechazo de la decisión presidencial.
La protesta, que se llevó a cabo bajo el eslogan “Corrientes dice que no al veto”, busca hacer visible la preocupación del sector y defender los derechos adquiridos.
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Marcela Kriskovich, representante de los proveedores de discapacitados unidos, criticó la decisión del gobierno nacional y el impacto que tendrá en el sector. “Hay un abandono del estado, ya no observa nuestros derechos. No puede ser que la salud de calidad sea solo por unos pocos”, dijo.
Una situación “crítica” que deja a los discapacitados sin cobertura
Kriskovich advirtió sobre la grave situación económica y social que está pasando el sector. “La situación es crítica hace mucho tiempo y esta gerencia nos lleva a cavar nuestra tumba, porque eso es realidad”, dijo en una entrevista con Radio Unne.
El representante dijo que, como resultado del veto, “muchas personas con discapacidades ya están fuera del sistema y que los beneficios se convertirán en un privilegio solo para aquellos que pueden pagar”.
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De modo que se mantiene el veto del presidente Milei, el fallo debe obtener 86 votos en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado necesitará 25.
La lucha por los derechos de discapacidad en los corrientes
La marcha en Corrientes no solo evidencia el rechazo de la Sociedad Correntina al veto presidencial a la Ley de Discapacidad, sino que también pone en el centro del debate la vulnerabilidad de un sector que, según sus representantes, se encuentra en una situación de “abandono”.
La protesta, que unió a las familias y profesionales, subraya la demanda de salud de calidad y accesibilidad a los beneficios, y pone al gobierno de Javier Milei en la tormenta, cuya decisión se cuestiona en las calles de la provincia.
La batalla por los derechos de las personas con discapacidades en las corrientes y en todo el país continuará tanto en las calles como en el campo legislativo, donde se definirá el futuro de la ley.