The judge of the Federal Court (STF), Alexandre de Moraes, decreed the house prison to the former president of Brazil between 2019 and 2022, Jair Bolsonaro, for the “flagrant and repeated breach of the precautionary measures that kept him free” while the judicial process was developed against him for the attempted coup in early 2023 In Brasilia while using electronic anklet and a series of conditions that would limit their range of action and communication with sus militantes.
La decisión de Moraes se produjo después de que el tribunal dictaba una serie de medidas de precaución contra Bolsonaro en julio, incluido el uso del tobillo, que no habría cumplido y, como se detalla en un documento de 74 páginas, mantuvo diferentes contactos a través de las redes sociales de sus aliados y su hijo, Flávio Bolsonaro, a “disemin Brazilian«.
Por esta razón, el ex presidente será arrestado en su casa en el vecindario del jardín botánico, en Brasilia, donde no podrá recibir visitas, con la excepción de parientes cercanos y sus abogados, y no podrá usar sus propios o terceros teléfonos celulares de partidos. Para cumplir con esto, la policía federal allanó su residencia durante el lunes y confiscó todos los teléfonos.
Entre la evidencia recopilada por la Justicia de Brasil se encuentra un video publicado por el senador Flávio Bolsonaro el domingo, que borró después de un tiempo, durante una manifestación en Copacabana en apoyo del ex presidente y protestando contra la corte. En la movilización, los presentes habrían lanzado diferentes discursos contra Moraes y cubrir diferentes banderas en apoyo de Estados Unidos y Donald Trump. Para el juez, Bolsonaro habría tratado de presionar a la corte que había prohibido comunicarse a través de las sociales, las propias y otros.
Paralelamente, el STF comenzó a investigar la supuesta gestión de las sanciones económicas a Brasil por parte de los Estados Unidos. Esta queja señalaría que a través de su hijo, Eduardo, con sede en los Estados Unidos desde marzo, hizo diferentes movimientos para obtener las sanciones económicas aplicadas recientemente al gobierno de Lula da Silva y promover medidas contra ministros STF y autoridades brasileñas.
