Los líderes de varios bloques, incluidos el Pro, el UCR y el frente izquierdo, ya delinean su estrategia.
La oposición parlamentaria en Argentina está alineando los esfuerzos para rechazar los vetos presidenciales que cayeron en dos leyes sancionadas por amplias mayorías en el Congreso: financiamiento a universidades públicas y el Hospital Garrahan. La respuesta se coordinará en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde se están organizando sesiones especiales durante los próximos días con el objetivo de cancelar las decisiones de Javier Milei.
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La iniciativa comenzó a tomar forma el miércoles, cuando varios bloques de oposición, incluidos Union for the Homeland (UXP), Reunión Federal, Democracia para Forever, Civic Coalition, Left Front y un Sector UCR, se reunieron para solicitar formalmente una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles 17 de septiembre. En esa fecha, buscarán tratar a los Vetoes Presidentes y rechazarlos sin escalas. La maniobra, que también tendrá el apoyo de representantes de las fuerzas pro y provinciales, tiene como objetivo reunir dos tercios de los legisladores presentes, lo que les permitiría cancelar sus vetos de inmediato.
Paralelamente, el bloque Libertad Progress, encabezado por el presidente Gabriel Bornoroni, intentará mantener los vetos con su bloque de 37 diputados y posibles adherencias de aliados dentro de los Pro, Radicales y Fuerzas Provinciales. Sin embargo, los libertarios ya han enfrentado dificultades para obtener el tercio de los votos en la reciente disputa sobre el veto a la ley de emergencia en discapacidad, lo que podría complicar su estrategia.
En el Senado, también se describe una sesión especial para el jueves 18 de septiembre, centrado en el rechazo del veto sobre la ley que modifica la distribución de las contribuciones del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, un tema clave respaldado por varios gobernadores. En el caso de que los diputados se las arreglen para rechazar los vetos en educación y salud, el Senado debe recibir los textos de la Cámara Baja y luego ser enviado a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El senador Alejandra Vigo (Provincias Unidas) fue muy crítico con la posición oficial, acusando al presidente Javier Milei de poner en riesgo el futuro de Argentina: “El presidente insiste en el veto, indicando que se ocupa de la macroeconomía, pero que la protección tiene un gran costo: la definición a las universidades públicas y la ciencia, la salud impactante y la discapacidad, la mort y el futuro productivo de nuestra argumentos de nuestra argumentos”.
Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba y una figura sobresaliente de la oposición, también intervino en la controversia: “La Universidad Pública Argentina es un motor de movilidad social, de progreso y desarrollo científico. Duración es cerrar la puerta al esfuerzo de millones de familias. No se trata de ideología, sino de sentido común y respeto por lo que somos una nación”.
De la UCR, el senador Maximiliano Abad enfatizó que el gobierno persiste en un error histórico: “No se puede continuar ajustándose en la educación. La educación pública de calidad no es un gasto, es una inversión estratégica”. Abad insistió en que el veto presidencial “amenaza un derecho fundamental” y niega un reclamo legítimo de la sociedad.
La diputada Margarita Stolbizer (reunión federal) ironó sobre la situación con un mensaje en las redes sociales, criticando al gobierno por lo que considera una mala decisión política: “Primera gran medida de la mesa de madera que reemplaza el triángulo de hierro. No entendieron nada”.
Por su parte, desde el frente izquierdo, los diputados de Mercedes de Mendieta y Christian Castillo convocaron movilizaciones masivas en defensa de la educación pública y el Hospital Garrahan. Castillo, con un tono desafiante, dijo: “Somos cientos de miles en las calles cuando se encuentra en el Congreso. Prepararlo a partir de ahora con asambleas, tomas y huelgas”. La Fuba (Federación de la Universidad de Buenos Aires) ya ha llamado a la comunidad universitaria para concentrarse frente al Congreso ese día para protestar contra los vetos.
Los vetos presidenciales en torno a estos temas sensibles se inscriben en un contexto político de creciente tensión entre el ejecutivo y las fuerzas de la oposición. Lisandro Catalán, el nuevo ministro del interior, ha tratado de restablecer el diálogo con los gobernadores, muchos de los cuales apoyaron las leyes vetadas. Sin embargo, la estrategia de Milei para vetar estos proyectos ha generado una confrontación directa con la oposición, que promete una fuerte reacción en los próximos días.
El veto a la ley de financiamiento de universidades públicas y la ley del Hospital Garrahan ha desatado una ola de críticas en el Congreso, que ya está organizando una ofensiva parlamentaria para evitar lo que consideran un ajuste en áreas clave para el desarrollo social y económico del país.