Trece trabajadores vinculados a poderosos, una de las grandes compañías mineras en Perú, fueron encontrados muertos dentro de una mina de oro en Pataz, en el noroeste del país, días después de su secuestro, confirmó en ese lugar, confirmó la compañía y las autoridades este domingo.
“Esta mañana, después de un intenso trabajo de búsqueda, el equipo de rescate de la policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (…) por mineros ilegales coludidos con elementos criminales”, dijo en una poderosa declaración, mientras lamentaba la muerte de las personas que fueron “asesinadas cruelmente por delincuentes aliados a la minería ilegal”.
Según fuentes policiales, las víctimas estaban en un socavón, esposado, vendado y desnudo cuando fueron ejecutados con un disparo en el cuello por los delincuentes, informó la radio RPP peruana local. Las víctimas eran trabajadores de una compañía que brindaba servicios a poderoso, una importante compañía minera que se encuentra en la Bolsa de Valores de Lima, que en los últimos meses ha sido el objetivo de grupos armados relacionados con la minería ilegal.
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La compañía minera hizo una “llamada urgente” para repensar la estrategia de seguridad del gobierno
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ordenó el despliegue de equipos de élite especializados en divisiones de crímenes e investigación organizados para capturar a los responsables. “Nuestros agentes (…) están totalmente capacitados para usar sus armas de fuego si las circunstancias lo merecen, en estricto cumplimiento del marco legal actual”, dijo el Ministerio del Interior en un comunicado.
“Tenemos que recuperar el gobierno, la orden y la paz en Pataz (…). Lo que está sucediendo allí es inaceptable”, dijo Jorge Luis Montero, Ministro de Energía y Minas, a RPP Radio. Según el poderoso, “colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores finalizados por las pandillas criminales que han tomado el control de la ciudad. La compañía minera hizo una” llamada urgente “para repensar la estrategia de seguridad del gobierno.
La “espiral de la violencia no controlada de que Pataz vive ocurre a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, desafortunadamente, no ha podido detener el deterioro de las condiciones de seguridad en el área”, dijo la compañía minera. También advirtió que no será posible derrotar el crimen si la policía aún no entra en las bocas ilegales, donde están guiados y desde donde actúan las pandillas criminales.
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Emergencia, violencia y dolor de las familias que le piden justicia
Mientras tanto, los familiares de los empleados que ofrecieron sus servicios a la compañía de seguridad R&R, indicaron que dejaron de comunicarse desde el pasado 27 de abril cuando trabajaron en la mina y sus presuntos secuestradores “exigieron una gran suma de dinero a la compañía minera a cambio de su liberación”.
“Mi hermano ya los ha torturado y los mató.
En la ciudad de Trujillo, nueve horas al oeste de Pataz, los familiares de algunos fallecidos esperaban la transferencia de los cuerpos a la morgue de esa ciudad. “Queremos justicia, de que esto no está solo allí”, dijo a la televisión Channel N Abraham Domínguez, padre de Détitor Domínguez, uno de los asesinados, Television Television.
Los familiares de los trabajadores muertos esperaban fuera de la morgue en Trujillo, Perú
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos, dijo que el lunes se reunirá con el presidente Boluarte para encontrar soluciones a la inseguridad. “Estoy levantando mi voz fuerte, no soy rebelde, pero lo que sucede en mi ciudad (…) si entran en la cárcel o me matan, el único responsable será el gobierno central”, dijo, molesto.
La minería es un impulsor económico clave en Perú, uno de los mayores productores de oro de América Latina. Pataz, ubicada a unos 900 kilómetros de la capital de Lima, ha estado en un estado de emergencia desde febrero de 2024 debido a la escalada de la violencia causada por la fiebre del oro.
Entre 2013 y 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú identificó operaciones para 8,241 millones de dólares sospechosos de provenir de la minería ilegal. El país vive una ola de extorsión y delitos violentos que ha llevado a las autoridades a decretar el estado de emergencia en varias partes del país.
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