En noviembre de 2018, Javier Milei, entonces economista y figura de los medios, retuiteó de su cuenta X una publicación que mostraba a los chalecos amarillos franceses lanzando estiércol en la oficina fiscal de la ciudad de Limoges. El gesto, enmarcado en las protestas contra el gobierno francés para el aumento de los impuestos al combustible, fue acompañado por Milei con un comentario que no pasó desapercibido: “Hermosa iniciativa”.
El tweet en el que Milei celebró a Stircol como una forma de protesta
Siete años más tarde, el Post se vio -círculos para marcar una falta de coherencia con esa posición, cuando el gobierno apoya explícitamente la decisión de la justicia que resultó en la detención de cinco personas, incluida Alexia Abaiga, funcionario del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires y Eva Carina Carina Alejandra Mieri, concejal y funcionario del municipio de la provincia de Lo Diseent.
El episodio en cuestión ocurrió cuando, según la justicia, Abaiga, Mieri y un grupo de personas encapuchadas colocaron un desfile en la puerta de la dirección de la hermana con la leyenda “Aquí vive la mierda de Espert”, dispersó el estiércol en la acera y dejó volantes con mensajes de repudio al legislador de los avances de La Libertad.
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La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, actuó rápidamente: ordenó redadas en hogares de Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero de Maschwitz, y arrestó a cinco personas, incluida Abaigar, funcionario del gobierno de Axel Kicillof, ya Mieri, cerca del alcalde de Quilmes, Mayra Mendoza, referencia de La Címpora.
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Además, un camión Chevrolet S10 fue secuestrado, vinculado al municipio de Quilmes, y un Renault Clío, registrado en nombre de Abaiga.
La reacción del gobierno fue rápida. El Ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció los arrestos en X y señaló a Abaiga como un “Kirchner militante” que “en la mañana trabaja en el Ministerio de Mujeres y la Diversidad de la PBA y la noche arroja maní en la Casa del Spert Adjunto”.
Milei, por otro lado, apoyó a Espert en las redes y dijo: “No nos intimidarán. El curso no se negocia”.
Sin embargo, el contraste con su comentario de 2018 es inevitable. Cualquiera que haya celebrado como una forma de protesta en Francia, hoy está calificado por su gobierno como un vandalismo que justifica arrestos, transferencias a sanciones federales y acusaciones de amenazas.
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Por el kirchnerismo, los arrestos fueron denunciados como “arbitrarios” y parte de una “persecución política”. Mayra Mendoza, tal vez de Quilmes, describió la operación como “ilegal y antidemocrática” bajo el argumento de que el hecho no excede una contravención municipal y que el arresto de Mieri, Incomunicación durante horas y de Abaiga, se transfiere a la prisión de Ezeiza, responde a un intento de “disciplinar” la oposición.
Los derechos humanos y los legisladores sindicales para la patria, como Mónica Macha, se unieron al repudio y señalaron que el gobierno de Milei criminaliza la protesta al ignorar los problemas más graves como el tráfico de drogas, la emergencia en discapacidad, jubilaciones y la situación de los médicos residentes del Hospital Garrahan.
El abogado de Abaigar, Daniel Llermanos, cuestionó la desproporción de las medidas y enfatizó que su cliente sufre de una enfermedad autoinmune que requiere atención médica y que el hecho debe tratarse como una infracción, no como un delito penal.
La madre de Abaigar, Eva Pietravallo, también denunció el tratamiento “inhumano” hacia su hija, que incluyó la transferencia encadenada y las humillantes sesiones fotográficas en la prisión.
A pesar de estas críticas, el juez Arroyo Salgado otorgó el viernes el arresto domiciliario a Abaigate bajo vigilancia electrónica, aunque la causa permanece en secreto en secreto.
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La contradicción entre el Milei de 2018, que aplaudió el estiércol como una herramienta de protesta, y la de 2025, que reprime un acto similar con el peso del estado, destaca una paradoja.
Mientras que el presidente y sus aliados, como Espert y Bullrich, defienden permanentemente la mano dura contra los responsables, las críticas al gobierno crecen, no solo por la aparente incoherencia, sino también por el uso del aparato judicial para perseguir a los opositores.
En palabras de Juan Grabois, “En Argentina hay un estado estatal encubierto”, una afirmación que refleja el clima de polarización que el país está pasando.
El caso, lejos del cierre, continúa generando repercusiones. La investigación continúa y la Cámara Federal de San Martín debe resolver la situación de los detenidos.
Mientras tanto, el episodio revive el debate sobre los límites de la protesta, la libertad de expresión y el uso del poder estatal en un contexto de tensión política creciente.
Lo que para Milei fue una “hermosa iniciativa” en Francia, en Argentina se convirtió en un crimen que su gobierno no está dispuesto a tolerar.
De
Teniente









