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El caso del Capitán Humberto Viola en 1974: por qué el gobierno considera su muerte un crimen contra la humanidad

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El gobierno de Javier Milei anunció el lunes que reconocerá como un crimen contra la humanidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), el ataque contra el Capitán Humberto Viola y su familia por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Esto fue expresado por el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien también anunció la desclasificación de toda la información sobre las acciones de la última dictadura militar, en el marco del 49 aniversario del golpe estatal del 24 de marzo de 1976.

La medida implica la “transferencia de estos archivos en manos del lado a la órbita del archivo general de la nación”, dijo el portavoz. Además, desde la oficina de la presidencia celebraron sobre el asesinato de Viola y una de sus hijas que “la administración de Alberto Fernández, en nombre del país, dijo ante el IACHR que este crimen no constituía un crimen contra la humanidad y que, por lo tanto, se prescribió”.

Javier Milei ordenó la desclasificación de la documentación de las acciones de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983

Estos no les gustan los autoritarios

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Por el contrario, el líder libertario tomó la decisión de acompañar la solicitud de la familia Viola, instruyendo al Ministerio de Cultivo y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino para reconocer ante el Cuerpo Internacional antes mencionado este caso “, ocurrió en el marco de un conflicto armado interno”, como lo declararon desde Casa Rosada.

La solicitud de estos crímenes también se declaró contra la humanidad fue llevada a cabo por María Cristina “Maby” Picón, viuda de Viola y madre de sus hijas, en noviembre de 2007 ante el Tribunal Federal No. 1 de Tucumán, provincia en la que vivía la familia. El doble asesinato ocurrió el 1 de diciembre de 1974, a pocas cuadras de la casa histórica, cuando el capitán conducía un Citroen Ami con su esposa embarazada de cinco meses de su hija Luciana, y sus pequeñas hijas María Cristina, de 3 años y Maria Fernanda, de 5 años.

Era domingo y, como cada mediodía, la familia se unió al almuerzo en la casa de los padres de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero ese día, mientras que Viola esperaba que su esposa abriera la puerta del garaje, las ráfagas de disparos lo sorprendieron y lo hirieron. El hombre no dudó en salir del auto y correr a una esquina. En ese momento, desde otro vehículo, un grupo de guerrillas de apoyo lo terminó en la esquina.

Además del capitán, María Cristina también murió, a quien una bala alcanzó la llegada. A su lado estaba María Fernanda, quien sobrevivió, pero sufrió una herida considerable en su ojo, que tuvo que tratar durante múltiples oportunidades en años posteriores. Después del ataque, el Partido Revolucionario de los Trabajadores describió la muerte de María Cristina y las heridas a María Fernanda como “un exceso injustificable” y anunció que la campaña terminó.

En octubre de ese año, el ERP había anunciado que “dado el asesinato indiscriminado de nuestros colegas, nuestra organización ha decidido usar represalias” y que ejecutaría militares antes de la muerte de Guerrillas. Dentro de ese marco, la operación en la que mataron a Viola y su pequeña hija estaba a cargo del Santiago Hugo Irurzun, quien fue acompañado por Francisco Carrizo, José Martín Paz, el emperador de Rubén Jesús, Fermíngel Nuñez, Miguel Vivanco y el Swedish-Chilean Svante de Swedish.

Sin embargo, el caso de Viola y su familia tenía una sentencia: Peace, Emperor, Vivanco, Carrizo y Núñez, que fueron condenados a cadena perpetua. Svante Grande e Izurzun cayeron en diferentes enfrentamientos armados, pero los otros cinco fueron arrestados hasta que entre 1987 y 1989 comenzaron a ser liberados (Vivanco murió en 1980). En 1989, el entonces presidente Carlos Menem firmó los indultos para los antiguos jefes de dictadura y guerrilla para lograr la “pacificación y reconciliación nacional”.

Irregularidades, condena perpetua y perdón: cómo fue la causa judicial contra las guerrillas que mataron a Humberto Viola

“Como si esto no fuera suficiente, las familias de los asesinos cobraron una compensación de acuerdo con la ley 2.443 por haber sido detenidas durante el estado de asedio”, dijo el portavoz Adorni en su anuncio el lunes. Por su parte, “Maby” Picón inició una queja ante el IACHR por la violación del estado argentino de los derechos de la vida, la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y la protección judicial, y por la violación del Artículo 3 de las convenciones de Ginebra de 1949, que protegen la dignidad de las personas en conflictos armados y prohíbe el ataque de los civiles inocentes en el caso inocente.

En 2016, hizo la presentación para que el crimen de su esposo e hija fuera considerado crímenes contra la humanidad para reabrir la investigación y en 2021 murió, esperando si el perdón presidencial fue cancelado. En 2022, la gestión de Alberto Fernández se mantuvo ante el organismo internacional de DD.HH. que este crimen no fue un crimen contra la humanidad.

24 de marzo: la carta de la hija del capitán Viola

Después de que el gobierno confirmó la noticia en torno al caso del Capitán Viola y su hermana María Cristina, María Fernanda escribió una carta titulada “Cincuenta años de impunidad” y reconoció el gesto y la “nobleza” de la administración de Milei por reconocer antes del Ataque como un crimen contra la humanidad.

“Han pasado cincuenta años desde ese 1 de diciembre de 1974, cuando, en el medio del gobierno constitucional, el ERP cometió uno de sus ataques más aberrantes, en el marco del ataque sistemático contra la población civil llevada a cabo para reemplazar la República con un régimen marxista.

Cincuenta años desde que escuché los gritos desesperados de mi madre, María Cristina Picón de Viola, al ver, a cinco meses de embarazo, cómo mi padre, el Capitán Humberto Viola, mi hermana María Cristina, con solo tres años, con solo tres años, y yo, con mis cinco años, me herido gravemente, salvó mi vida después de ocho operaciones.

María Fernanda Visa, la hija del capitán Humberto Viola

Cincuenta años en los que, sin dejarnos invadir el odio, reclamamos en vano la justicia, convirtiéndose en la desaparición de la memoria pública. Durante ellos hemos sufrido mucho para ver cómo los diferentes poderes del estado se protegen con un manto de impunidad a los miembros de las guerrillas, ocultando la existencia de normas internacionales que consideraron sus crímenes contra la humanidad.

Sufrimos cuando se hizo la disculpa abierta de sus crímenes; Sufrimos cuando la historia fue reemplazada por el Maniceae y la historia parcial de la memoria; Sufrimos cuando nos convirtieron en simples objetos para matar o lastimarnos en la espalda; Sufrimos cuando se ocultó la responsabilidad de los jueces, políticos, intelectuales, educadores y religiosos en la tragedia, y negaron, sin arrepentirse, la existencia de una guerra revolucionaria, a pesar de ser expresamente esto, con autoridad de RES Judicata, por las sentencias de la Cámara Federal y la Corte Suprema, emitida en el caso 13/84 en el que se juzgará el Comandante. (Ver: Sentencia del Capítulo Sexto Cámara Federal, situación preexistente a 24.3.76).

Negan la guerra revolucionaria, ocultando los párrafos de esa oración y lo que habría sucedido con nuestras vidas, con nuestros activos, de haber triunfado a las guerrillas. Deberían leer la confesión del primer oficial de Montoneros, Héctor Leis, quien, en el ‘Testamento de los años 70’, reconoció que las víctimas necesarias para triunfar la revolución se estimaron en quinientos mil personas.

Hoy, 24 de marzo, siento el profundo orgullo de saber que mi madre nunca bajó los brazos. Una y otra vez argumentó que para el dolor no hay ideologías: ‘Todas las madres deben tener los mismos derechos. Hemos sufrido el mismo dolor por igual y vivido. Debemos tener las mismas consideraciones, ser dignos de respeto por parte de quienes nos gobiernan. Las madres de las víctimas de la subversión son discriminadas “, dijo, hablando en la Plaza de San Martín.

Nunca dando a su debido tiempo denunció, ante la Comisión Inter -Americana de Derechos Humanos (IACHR), con el patrocinio del Dr. Javier Vigo Leguizamón, la violación, por el Estado Argentino de los Derechos de la Vida, a la igualdad ante la Ley, a los derechos judiciales y la protección judicial, contemplada en los Artículos 4, 8, 24 y 25 de la Convención Humana de los Derechos de los Derechos Humanos, y también la Protección Judicial de 1949, y también la Convención Americana de 1949, y también la Convención Americana de la Convención, y también la Convención Americana de la Convención de 1949. que protegen la dignidad de las personas en conflictos armados, estableciendo que no puede ser atacado o intento, contra civiles inocentes, en cualquier tipo de conflicto armado, ya sea nacional o internacional.

A través del acuerdo de solución amistosa llegó a la petición P-1217-16 ‘María Cristina Picón Viola y otros’, el poder ejecutivo de la nación, a través de su presidente Dr. Javier Milei, ha reconocido honrablemente la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos presumidos en la solicitud, admitiendo que en la luz de la Doctrina establecida por la Comisión Inter-Americana, en su Informe 55/99. El ataque del movimiento por la patria, al regimiento de La Tablada, que, según él, la Corte Suprema se aplicaría en el caso ‘Arrillaga’, el ataque sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia ocurrieron en el marco de un conflicto armado interno que fue claramente y públicamente reconocido por el ERP, reconocido por el crimen contra la humanidad.

Al revisar la posición previamente asumida por el Gobierno del Dr. Alberto Fernández, ha considerado que el rechazo de la queja presentado por mi familia, realizada por dicha administración, obedeció una visión sesgada e ideologizada que no es consistente con el objeto y el fin de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, siempre y cuando niegue el derecho a la verdad, a la justicia y a la Repinación de las Víctimas del Caso.

También ha prometido presentar un proyecto de ley que declara la intracriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas. Aprobado que es el acuerdo para el IACHR, requeriremos ante la justicia argentina la sentencia de los autores directos y mediados, que no fueron condenados. “

Fp/ml