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Video del terror en Colombia: la tortura y la muerte de una trans, desnuda la persecución bestial sufrida por LGBTQ+

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Se llamaba Sara Millerey González.

Un video escalofriante, viralizado en las redes sociales, presentó la brutalidad de un crimen que ha sacudido la sociedad colombiana.

Sara, conocida como “La Millerey”, de 32 años, fue torturada y asesinada en un arroyo en Bello, cerca de Medellín, el pasado fin de semana. Nadie la ayudó mientras la grabaron, cuando se ahogó, con brazos y piernas rotos, incapaz de nadar.

Según el Observatorio de Derechos Humanos del Caribe afirmativo, en 2025, 25 asesinatos se han registrado contra LGBTIQ+ personas en la Colombia del Petro izquierdista.

15 de ellos contra personas trans, víctimas por su identidad de género o orientación sexual.

El Millerey se une a esta estadística dolorosa.

Hoy, 6 de agosto de 2025, Colombia se despierta entre los titulares que reflejan el miedo diario de ser diferente.

Ser raro en áreas del país es firmar su propia sentencia de muerte, una frase repetida por activistas y familiares antes de la reciente ola de asesinatos y campañas de control social que afectan a la comunidad LGBTQ+.

Los datos son tan fríos como fuertes: solo en las primeras dos semanas del año, se documentaron siete asesinatos, agresiones contra las mujeres trans y las desapariciones forzadas de los hombres homosexuales. Las cifras no son meras números; Detrás hay nombres, vidas y proyectos truncados arrasados por la violencia que parece no tener fin.

La situación se agrava en un contexto político particularmente turbio. El discurso sobre el narco-terrorismo y el papel del presidente Gustavo Petro han financiado aún más el debate público. Si bien los sectores lo acusan de colusión con redes criminales, otros denuncian que la escalada de la violencia responde a una falta histórica de protección estatal para las minorías sexuales, donde la impunidad se convierte en una norma y miedo en la rutina diaria.

La paradoja colombiana: leyes progresivas, vidas amenazadas

Colombia aparece en las clasificaciones internacionales como uno de los países latinoamericanos con derechos más reconocidos para la población LGBTQ+. Existen garantías legales para el matrimonio igual, la adopción, el acceso a la salud y la protección contra la discriminación. Sin embargo, esa fachada legal contrasta con una realidad mucho más oscura. Según organizaciones como el Caribe afirmativo y la diversa Colombia, más de 50 asesinatos motivados por el odio hacia las personas LGBTIQ+ se documentaron solo en 2024. La mayoría ocurre en espacios públicos, a plena luz del día y con impunidad total.

Las principales víctimas son mujeres trans, lesbianas visibles y hombres homosexuales. Las agresiones incluyen amenazas directas contra los líderes sociales LGBTQ+, especialmente aquellos que ejercen actividades sexuales pagadas. La desaparición forzada sigue siendo una herramienta habitual para sembrar terror.

El resultado es un clima generalizado de inseguridad: muchas personas optan por el exilio interno o externo. Paradójicamente, los mismos avances legales dificultan que estos refugiados obtengan asilo en países como España o Canadá, ya que en el papel “Colombia es segura para los homosexuales”.

Control social armado: paramilitares y narcoterrorismo

La violencia actual bebe directamente del conflicto armado colombiano. Los grupos paramilitares, los disidentes guerrilleros y las bandas vinculadas al tráfico de drogas han establecido sus propios códigos en las vastas regiones del país. Allí imponen “limpieza social” que incluyen listas negras donde aparecen personas queer. Las amenazas suelen ser explícitas: “Si no te vas antes del viernes, te matamos”, informan los testigos bajo el anonimato.

En regiones como Catatumbo o Chocó, el “control social” se traduce en restricciones en la ropa, la persecución de las parejas del mismo sexo e incluso los toques para las personas trans. El uso sistemático de la violencia sexual como arma también ha sido documentado tanto por la Comisión de la Verdad como por las organizaciones internacionales.

Los testimonios recopilados por la Comisión muestran cómo estas prácticas están ancladas en una tradición de estigmatización social donde ser diferente es equivalente a ser prescindible. La complicidad, o inacción directa, el estado perpetúa este ciclo.

Petro entre la espada y el muro: narcólogos, polarización y derechos humanos

El papel del presidente Gustavo Petro es un objeto permanente de controversia. Mientras que de los sectores conservadores, se le acusa abiertamente de liderar una “alianza encubierta de narcotroristas” con actores externos como las acusaciones de Venezuela-Asamificadas por figuras como Álvaro uribe,, los defensores de los derechos humanos insisten en que el verdadero problema se encuentra en décadas de abandono institucional.

El estado permanece sin garantizar una protección efectiva a los líderes LGBTQ+, muchos bajo amenaza constante. El auge del NARCO ha multiplicado los territorios donde gobiernan las normas armadas en las legales. La polarización política dificulta el consenso mínimo para las políticas públicas inclusivas o los programas preventivos.

En este escenario, las personas LGBTIQ+ están atrapadas entre dos incendios: el progreso del crimen organizado y la retórica política que instrumentaliza su sufrimiento para fines partidistas.

Vivir (y resistir) bajo amenaza: historias del margen

Detrás de cada estadística hay historias como la de los poderosos, una víctima de hombre gay afrocolombiano dos veces de secuestro y abuso sexual por parte de los paramilitares. Después de años exiliados, regresó a su comunidad para usar Bullerengue, tradicional afro, como una herramienta pedagógica contra el odio. Su caso resume una doble verdad:

La violencia contra las personas queer es histórica y estructural. El terror para el terror persiste una resistencia tenaz: los grupos comunitarios continúan promoviendo la memoria, la cultura y la queja a pesar de las amenazas.

Perspectivas: ¿A dónde va Colombia?

La tendencia actual no invita al optimismo inmediato. Los datos confirman un rebote sostenido:

Los homicidios han aumentado más del 20% desde 2016; Los desplazamientos de masa se han cuadruplicado.

Sin embargo, algunos elementos abren posibles caminos:

El activismo local gana fuerza a pesar del peligro. Las redes internacionales comienzan a articularse para exigir una protección real más allá del papel. La presión internacional podría obligar al gobierno a tomar medidas tangibles si desea mantener su imagen externa progresiva.

La pregunta clave es si Colombia pasará de un reconocimiento simbólico a una protección efectiva. Por ahora, cada día es una prueba vital para aquellos que deciden vivir su verdad a pesar del miedo.

Palabras clave: Colombia, LGBTQ+, Violencia, Narco-terrorismo, Gustavo Petro

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