La jueza de Nueva York, Loretta Preska, definirá este lunes si le da a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos especulativos. La decisión es crucial, ya que determina si los beneficiarios del fallo, los fondos de Burford y Eton Park pueden ejecutar la sentencia mientras Argentina apela.
El partido gobernante tiene confianza y Milei Vaticina: “En octubre, las encuestas hablarán”
El magistrado aclaró que no definirá si cancela o revierte el orden original de entrega de acciones emitidas el 30 de junio, pero solo si suspende su ejecución mientras el país procesa su apelación. Si Presska otorga la suspensión, los demandantes no pueden ejecutar la oración mientras el proceso de apelación está en curso.
Estos no les gustan los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Es por eso que molesta a quienes creen que son los dueños de la verdad.
El jueves por la mañana, el gobierno nacional apeló el fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio ventilado en Nueva York. En la presentación, Argentina dijo que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, si hay una nueva decisión desfavorable.
El juez Preska definirá este lunes si acepta la apelación de Argentina
La orden del juez Preka para entregar las acciones de YPF viola la ley federal de los Estados Unidos, la ley de las inmunidades soberanas extranjeras (FSIA) y los principios de la cortesía internacional, según la defensa argentina como el argumento principal.
El país también considera que la transferencia de acciones tendrá efectos irreversibles, después de que los demandantes manifiesten la intención de vender esos títulos una vez que los reciban. Esto evitaría que la situación regrese incluso si Argentina ganara la apelación.
Además, pone sobre la mesa la declaración de interés realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump. La presentación también advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
BGD/ML